Un año después del Real Decreto-Ley 7/2018
MANIFIESTO
Hoy se
cumple justo un año desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 7/2018 de
27 de julio, sobre acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Tras más
de seis años de lucha contra la exclusión sanitaria, injusta e injustificada,
las organizaciones de la sociedad civil dimos la bienvenida al anuncio de la
entonces Ministra Carmen Montón de recuperar el derecho a la salud como
núcleo esencial del sistema sanitario y garantizar este a todas las personas
para que nadie se quede atrás. Lamentablemente, la realidad 365 días después
dista mucho de parecerse a aquella declaración de intenciones.
Desde el mismo momento en que el Ministerio nos
trasladó el primer borrador del nuevo Real Decreto-Ley, las organizaciones hoy
aquí presentes alertamos que el texto era excesivamente ambiguo, no abordaba
alguna de las situaciones de exclusión más graves e incluso abría la puerta a
la desprotección de las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Por
desgracia, nuestras advertencias cayeron en saco roto, y el Gobierno optó por
aprobar una legislación insuficiente que no ha servido para derribar el muro de
la exclusión sanitaria. Hoy, un año después estamos aquí para visibilizar y
denunciar que en España sigue vulnerándose el derecho a la salud de muchas
personas.
Estos casos que acabamos de oír son solo una
muestra, la evidencia de una situación de vulneración del derecho a la salud
que aún no ha sido resuelta. Pero hay muchos más. Desde la entrada en vigor del
RDL 7/2018, hemos tenido constancia al menos de 1.358 casos entre los que se
cuentan 55 mujeres embarazadas; 116 menores de edad, 44 solicitantes de asilo,
85 facturaciones en urgencias, 35 personas reagrupadas o 626 personas que no
han podido ver reconocido su derecho como consecuencia de las barreras
administrativas existentes. Asimismo, y como resultado de estas exclusiones, no
han sido debidamente atendidas enfermedades tan graves como 23 casos de cáncer,
22 casos de enfermedades cardiovasculares, 24 casos de diabetes, 21 casos de
hipertensión, 12 casos de VIH o 14 casos de salud mental grave. Las cifras
resultan elocuentes: no se trata de casos aislados, sino de una profunda falla
del sistema que urge corregir.
Las organizaciones lamentamos que desde el
Ministerio se hayan ignorado repetidamente las sugerencias y recomendaciones
que de forma reiterada hemos trasladado desde la sociedad civil. Como
consecuencia, miles de personas siguen sin poder acceder a los servicios
básicos de salud, y por tanto siguen sufriendo exclusión sanitaria en nuestro
país. Por ello, debemos recordar una vez más al Gobierno los compromisos
adquiridos en virtud de los acuerdos internacionales sobre Derechos Humanos, en
particular las Recomendaciones emitidas por el Comité de Derechos Económicos
Sociales y Culturales al Gobierno español en abril de 2018 que instan a adoptar
las medidas necesarias para que las personas migrantes tengan acceso a los
servicios de salud sin discriminación alguna.
Es por tanto urgente y necesaria una regulación
integral y garantista, que sitúe en el centro el derecho a la salud, y
garantice el acceso al sistema sanitario con cargo a fondos públicos y en
condición de igualdad a todas las personas que viven en España, sin distinción
de ningún tipo. Solo así podremos llamar a nuestro Sistema Nacional de Salud
universal, haciendo realidad la intención manifestada por el Ministerio hace un
año. Es hora de derribar el muro de la exclusión sanitaria de una vez por
todas.
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