Atención sanitaria: menos
parches, más igualdad territorial
Justo tres años después de la
aprobación del decreto que acabó con la cobertura sanitaria en España tal y
como la conocíamos hasta entonces, el Gobierno pone sobre la mesa -la del
Consejo Interterritorial de Salud que se celebra hoy, formado por las y los
consejeros de Sanidad de todas las comunidades autónomas- una propuesta que parece
replantearse el alcance de su propia normativa, el Real Decreto Ley 16/2012,
que se ha demostrado injusto e ineficaz.
Dice el Gobierno que pretende
"armonizar" las condiciones en las que se presta la atención sanitaria
en toda España. Es curioso, porque armonizada ya estaba antes de 2012, y fue
precisamente la aprobación de la reforma sanitaria, por la vía del decreto y
sin debate social y parlamentario, lo que propició que las autonomías tomaran
caminos diferentes: unas aplicaron el decreto a rajatabla, otras apostaron por
atender en sus servicios de salud descentralizados a las personas inmigrantes
"expulsadas" por la legislación nacional, creando "programas
especiales", y unas terceras se rebelaron directamente contra la exclusión,
ignorándola.
Así pues, el resultado directo de
la reforma impuesta por el Gobierno ha sido la generación de una serie de subsistemas
sanitarios paralelos “para pobres” que rompen precisamente con el principio de
equidad territorial que, supuestamente, se pretendía fortalecer. Las decisiones
autonómicas que se están sucediendo en las últimas semanas para reconocer el
acceso universal de las personas excluidas por el Real Decreto-Ley 16/2012
representan un importante avance, pero no bastan para resolver este mapa
parcheado de soluciones dispares, frente al sinsentido de la reforma sanitaria.
En sus declaraciones, los
representantes del Gobierno central insisten una y otra vez en confundir a la
ciudadanía, relacionando la atención sanitaria a personas inmigrantes sin
recursos con el llamado "turismo sanitario". Un concepto que hace referencia
a ciudadanos europeos que utilizan los recursos del sistema de salud español
por su calidad y porque disponen de segundas residencias en nuestro país. En
este caso, la obligación del Estado es gestionar con los países de origen de
estas personas el retorno del gasto ocasionado, algo de lo que el ejecutivo no
se está ocupando adecuadamente, según el Tribunal de Cuentas.
Por otro lado, resulta que la
expulsión de miles de personas de la atención sanitaria normalizada se adoptó,
supuestamente, con criterios de ahorro económico. Pero tres años después de la
aprobación del RDL, no sabemos cuánto se ha ahorrado. De hecho, desde Médicos
del Mundo creemos que poco o nada, puesto que la atención en urgencias a la que
se han visto abocadas las personas en situación irregular como única salida
cuando enferman es, sin duda, más costosa de prestar que la atención primaria.
El gobierno olvidó también que la
sanidad española se financia en gran medida con impuestos indirectos, como el
IVA o los impuestos especiales sobre el alcohol o los carburantes, que pagamos
todas las personas que vivimos y compramos en el Estado (incluyendo a aquellas
pendientes de regularizar su situación legal).
Muchas organizaciones sociales y
asociaciones de profesionales de la salud en Canarias hemos puesto todo nuestro empeño en la
necesidad de cambiar esta norma inaceptable desde el punto de vista de los
derechos humanos y la salud pública.
Mientras lo conseguimos, instamos
a los ejecutivos autonómicos a que
aprueben reformas legislativas de ámbito regional que den acceso al sistema
público de salud en condiciones de equidad a las personas inmigrantes en
situación irregular, así como a aquéllas con permiso de residencia por
reagrupación familiar. Y que se haga no a través de sistemas paralelos, de
segunda categoría, sino otorgando la tarjeta sanitaria en igualdad de
condiciones a toda la población residente. Esto implica no implantar barreras
administrativas para las personas que constituyan un criterio de discriminación
con relación al resto de la población.
Instamos también a poner fin de
manera inmediata a la emisión de facturas por la atención de urgencias y
pedimos que se garantice de manera efectiva la atención sanitaria a menores de
edad y mujeres embarazadas en todos los casos y sin que les suponga coste
alguno.
Y lo hacemos porque, además de
los argumentos legales y éticos en los que basamos nuestro rechazo a la reforma
sanitaria, somos testigos directos del dolor que ha provocado esta norma. Hemos
conocido de primera mano casos de embarazadas que han dado a luz sin haber
recibido controles prenatales, de niños y niñas a quienes se ha denegado la
consulta en el pediatra, de personas que llevaban más de una década viviendo en
España y de repente, se les da la espalda cuando les sobreviene una enfermedad
grave. Celebramos por ello el cambio de rumbo de Gobierno; sólo esperamos que
sea finalmente en la dirección adecuada, retornando a un sistema sanitario
público de cobertura universal en nuestro país.
PINO GONZÁLEZ
Presidenta de Médicos del Mundo Canarias
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