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COMUNICADO DE PRENSA

Cuando se cumplen tres años de la aprobación de la reforma sanitaria que vulnera el Derecho a la Salud de miles de personas.

Médicos del Mundo y varias organizaciones sociales, profesionales y académicas se unen para formar ACIS (Alianza Contra las Inequidades en Salud) y presentar REDER (Red de Denuncia y Resistencia al Real Decreto 16/2012).

Canarias, 21 de Abril de 2015.- Con el fin de acabar con las vulneraciones del derecho a la salud una parte importante de las y los médicos de familia españoles (a través de la Sociedad Española de Médicos de Familia –SemFyc-) y de profesionales del campo de la investigación sanitaria (Escuela Andaluza de Salud Pública –EASP) se unen a las organizaciones sociales (Médicos del Mundo, Andalucía Acoge y el Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunidad Valenciana –ODUSALUD-) para formar parte de dos plataformas que trabajarán en estrecha colaboración para hacer frente común a las vulneraciones del derecho a la salud generadas por el Real Decreto 16/2012 que se aprobó hace ahora 3 años.

Tanto la Alianza Contra las Inequidades en Salud (ACIS) como la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER), harán frente común para conocer las vulneraciones del derecho a la salud que se producen en nuestro país desde hace más de dos años. El objetivo principal de REDER, a corto plazo, es la reforma del Real Decreto Ley (RDL) o una reforma legal que restituya el derecho universal a la salud, y el de ACIS seguir trabajando aunque se derogue dicho RDL por la eliminación de las inequidades en salud y estudiando el efecto de las mismas en la población.

La intención de REDER es que la asistencia sanitaria vuelva a ser un derecho de todas las personas y deje de ser una prestación vinculada a la condición administrativa de asegurado o asegurada. Para ello se buscará que dejen de restringirse las prestaciones y disminuya la carga económica directa que el RDL ha supuesto para muchas personas, ya que el Real Decreto 16/2012, de 24 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud supuso la modificación más importante de la organización de la atención sanitaria desde la aprobación de la Ley General de Sanidad (LGS) de 1986. De hecho, con dicho decreto se ha eliminado la asistencia sanitaria pública y gratuita como un derecho de todas las personas y se ha expulsado a más de 800.000 personas del sistema de atención sanitaria en España, y alrededor de 48.000 personas en Canarias, aumentando su vulnerabilidad. La implantación en nuestra comunidad autónoma canaria de esta medida ha generado además caos administrativo y aumento de la arbitrariedad.

Para ello, REDER cuenta con una herramienta tecnológica que tiene capacidad para recoger casos documentados, cumple con todos los requisitos de la Ley de protección de datos y podría establecer sinergias y aprovechar la información de otras redes de registros que funcionan de forma similar aunque no tan completa. De hecho, ya cuenta con un registro de casi 150 casos, sólo desde enero de 2015, de personas afectadas por la exclusión sanitaria derivada del RDL. REDER, que también funciona como una red de instituciones – actualmente aglutina a algo más de 150 organizaciones – y personas para unir a los actores sociales opuestos al RDL 16/2012, ha puesto dicha herramienta a disposición de la Alianza contra las Inequidades en Salud (ACIS).

Dicha Alianza, generará actuaciones de investigación, formación e incidencia política. También dispondrá de otras herramientas: una página web de documentación y literatura científica actual que pueda ir recopilando temas de inequidad en salud y un grupo de expertos en inequidades sociales en salud creado con el fin de proponer medidas y actuaciones para la lucha contra las mismas. Con ello, ACIS podrá establecer intercambio de opiniones y consultas con el fin de aprovechar las aportaciones y riqueza de opinión de personas concretas que, sin representar a ninguna entidad, podrán aportar su visión y experiencias.

Casos de Vulneración del Derecho a la Salud en Canarias

Las personas que formamos parte de Médicos del Mundo en Canarias somos testigos de las continuas vulneraciones del Derecho a la Salud que se están produciendo al amparo de la Reforma Sanitaria, e incluso de vulneraciones por incumplimientos de la propia normativa en cuanto a la atención sanitaria, así como de falta de información y arbitrariedad en las decisiones. Lo que sigue, como avance de la casuística que estamos recogiendo y volcando en la herramienta REDER, es un relato que representa apenas una pequeña muestra de los obstáculos que han debido salvar para ser atendidas muchas de las personas que han acudido a nuestros dispositivos solicitando ayuda. Los nombres son ficticios; las historias y el sufrimiento, reales.

Doña Silvia, acude al Servicio de Urgencias donde es diagnosticada de estenosis aórtica severa y de insuficiencia cardiaca congestiva con necesidad de cirugía urgente de sustitución valvular aórtica; y Miriam, es diagnosticada en Urgencias de Ictus Isquémico. Ambas han debido hacer frente a compromisos de pago por una atención urgente; además vieron interrumpida la continuidad asistencial después de dicho episodio, a pesar de que la Reforma Sanitaria garantiza la atención de urgencia hasta la situación de alta médica con la resolución del proceso que lo originó.

La madre de Tomás ha recibido dos notificaciones de pago y un compromiso previo a la asistencia urgente, siendo además Tomás un menor y estando garantizada su asistencia en las mismas condiciones que los nacionales.

Roberto vio interrumpido su seguimiento y su medicación de salud mental, aún teniendo asistencia sanitaria antes de la Reforma Sanitaria. Adelaida y Luisa dejaron de tener acceso al equipo de atención primaria que las atendía por su diabetes, y han tenido que pedir ayuda a los vecinos y a distintas entidades para hacer frente al pago de la insulina que necesitan.

Luisa, cansada de las barreras de acceso a la salud, decide retornar a su país de origen junto a su nieto de 7 años. Marisa tuvo que acudir en muchas ocasiones al mostrador de su Centro de Salud hasta que se le facilitó la información correcta para tramitar la tarjeta sanitaria. Aún hoy, teniendo la tarjeta sanitaria canaria, no puede costear la medicación imprescindible para la epilepsia que padece.

A Juana, al inicio de la entrada en vigor de la Reforma Sanitaria, la llamaron del hospital para comunicarle que la intervención de cataratas por la que estaba esperando no se iba a realizar por carecer de tarjeta sanitaria.
Beatriz tuvo un sangrado estando embarazada. Debió firmar un compromiso de pago previo a la atención urgente y, cuando solicitó cita para el seguimiento que tenía reconocido por la normativa estatal, se le informó en su Centro de Salud de unos trámites totalmente innecesarios.

Antonia tiene 83 años. Presenta antecedentes de cáncer de útero con diversas complicaciones, padece cardiopatía y es portadora de colostomía. Actualmente, aún teniendo su permiso de residencia en vigor, se encuentra sin posibilidad de cobertura sanitaria y sin posibilidad de hacer frente a los gastos de la vida diaria y a los gastos en términos de cuidados en salud que precisa, que superan los 120 euros mensuales.

Doña Elisa y Don Ramón han visto denegada la atención en un seguro privado debido a su edad avanzada y a sus enfermedades, y para ser atendidos en el Servicio Canario de Salud, han debido firmar un convenio especial de más de 150€ al mes cada uno a pesar de que su situación administrativa es regular.


Sofía se encontró mal durante semanas, pero no podía acceder a su médico de familia y no se atrevía a ir a urgencias por miedo al compromiso de pago. Cuando por fin acudió, le diagnosticaron una enfermedad infecciosa y muy contagiosa. Está recibiendo tratamiento, pero sigue sin poder ser atendida por su médico de cabecera.

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